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La crisis provocada por el actual capitalismo de casino va acompañada de un discurso reaccionario que nos quiere convencer de que es muy costoso mantener los derechos ciudadanos. Así, el trabajo decente es un privilegio, nos recuerdan continuamente; sanidad y educación han pasado a ser un lujo insostenible de ciudadanos mantenidos la sopa boba; los funcionarios, una carga insoportable; las pensiones públicas no podrán mantenerse. El derecho a la cultura y a la información, en este contexto, ya parece un lujo extravagante.

Desalojo policial en la biblioteca de Las Palomas (Granada)

Se trata de un ataque al estado del bienestar que viene ya de lejos y que se sustenta en una serie de falacias que autores como Vicenç Navarro han ido desmontando. En España el nivel de gasto social está por debajo de la media de la Europa de los 15, los países de “nuestro entorno” con los que debemos medirnos (España tiene un nivel de riqueza del 94% del promedio de la UE-15 y su gasto público social es sólo un 74%, según publicaba Navarro hace unos días); lo mismo ocurre con el número de funcionarios y otros indicadores del estado del bienestar, estado que es producto de una serie de luchas históricas para conseguir unos derechos sociales que permitan un nivel de vida digno, como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 22 y 25). Los derechos económicos, sociales y culturales no son ningún lujo, sino una exigencia a la que no podemos renunciar si queremos pertenecer a una sociedad democrática. Y en una sociedad democrática no estaría mal que las prioridades económicas y la distribución de ingresos y gastos fueran cuestiones en las que la ciudadanía tuviera algún papel, y no sólo esos dos entes que se han convertido en la gran coartada: “Europa” y “los mercados”. Según la Constitución Española, tantas veces invocada cuando interesa e ignorada también cuando interesa, “la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (art. 128.1).

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